La derogación de la LOMCE debe ser una prioridad del nuevo gobierno

1 marzo 2016

Durante los próximos días se celebrará en el Congreso de los Diputados el debate de investidura del candidato a presidente Pedro Sánchez, debate en el que se establecerán los compromisos del nuevo gobierno recogidos en el “Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso” que son claramente insuficientes.

Las consecuencias de las reformas educativas impuestas por el Partido Popular han supuesto el mayor retroceso en igualdad y en calidad jamás visto desde la instauración de la democracia. La respuesta social ha sido contundente desde los primeros momentos y nunca las calles y los foros se han llenado tanto con manifestaciones, varias convocatorias de huelga y numerosos debates exigiendo la retirada de estas políticas, pero también reflexionando, sobre el presente y futuro de la educación pública.

La Plataforma Estatal por la Educación Pública se dirigió el pasado mes de enero a todos grupos parlamentarios pidiéndoles que se concretasen inmediatamente las iniciativas parlamentarias correspondientes para convertir en realidad las demandas enunciadas por la comunidad educativa.

Exigimos, nuevamente, al candidato a Presidente del Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que se deroguen la LOMCE y las reformas de la LOU, así como sus desarrollos legislativos, especialmente los que van a entrar en vigor en los próximos meses.

Igualmente exigimos un plan plurianual de inversión que permita al sistema educativo recuperar la financiación perdida a causa de los recortes en los últimos años y lograr que se mejore de manera significativa a medio plazo con el objetivo de situarnos en la media de los países de nuestro entorno.

Apremia, por tanto, el restablecimiento de la calidad, la equidad y la dignidad de la Educación Pública, que debe ser el eje vertebrador de todas las enseñanzas. Es necesario eliminar cuanto antes las pruebas externas de las revalidas, disminuir las ratios en las aulas, modificar el sistema de precios públicos de las matrículas universitarias y rebajar su cuantía, derogar la normativa básica que establece los procedimientos de admisión a los estudios universitarios y la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias (3+2), implementar un sistema de becas y de ayudas justo, mejorar las condiciones laborales del personal que presta sus servicios en el sistema educativo y restituir las decenas de miles de puestos de trabajo perdidos de profesorado, personal de servicios educativos y complementarios y personal de administración y servicios.